La obligación de instalar contadores energéticos en las calefacciones centrales, para individualizar el pago del consumo de calefacción en las comunidades de propietarios, es una de las medidas incluidas en una Directiva de la Unión Europea aprobada en 2012 (dentro de lo que se ha llamado la política 20/20/20), con el fin de que los Estados miembros tuvieran muy en cuenta las emisiones de CO2 a la atmósfera.

La libertad que permiten los sistemas abiertos en contadores energéticos (repartidores de costes y contadores de calorías) representan una ventaja diferencial para los usuarios, frente a los riesgos de los sistemas cerrados.

Como casi todo el mundo sabe, aunque pocos actúen en consecuencia, el próximo 31 de diciembre finaliza el plazo para instalar contadores de consumo de calefacción en los edificios de uso colectivo.

La vieja aspiración de que cada uno pague lo que consuma, empieza a ser realidad con la eficiencia energética en comunidades con calefacción central. La tecnología lo permite, la normativa lo exige, y los incentivos económicos lo facilitan.